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Boletín de prensa 10 de octubre de 2011
EL TIEMPO
'ACTUAL REFORMA A LA JUSTICIA ES MEDIOCRE': HERNANDO YEPES ARCILA
Entrevista a Hernando Yepes Exmagistrado
Ex magistrado le dijo a María I. Rueda que reforma no resolverá problemas estructurales de la rama.
Cuál es peor: ¿la versión de la reforma de la justicia que salió del Gobierno o la 'mejorada' del Congreso?
La versión del Congreso no está mejorada. Digamos que la segunda versión desempeoró el proyecto inicial, y luego el Congreso le añadió elementos que se acercan al disparate. Este proyecto fue mediocre y marginal desde el comienzo. Un ejercicio infantil para reunir una colección escalofriante de simplezas.
¿Se justifican las reacciones airadas que ha habido en algunos sectores de la opinión?
Sí. El Congreso rechazó una mala fórmula propuesta por el Gobierno, la peor posible, de tutela contra sentencias. Y rechazó la introducción del precedente, o sea de la jurisprudencia de las altas cortes, como fuente suprema de sentencias, desplazando a la ley. Pero en lo demás empeoró la propuesta inicial.
La gran sorpresa es que el proyecto salva lo peor del Consejo de la Judicatura. ¿Será que lo peor de ese ente es lo mal integrado que está?
Creo que una de las cosas que habría que hacer sería elevar el rango de los magistrados. Echo de menos en la Constitución del 91 para todos los órganos del poder judicial la estructura del cursus honorum, consistente en que, para llegar a ciertas posiciones de creciente complejidad, hay que haber pasado por niveles anteriores. Hoy, de un salto, se llega de la nada a las más altas esferas del poder judicial.
¿No habría que suprimir la sala disciplinaria de la Judicatura? Porque van a hacer todo lo contrario...
La reforma propuesta invierte el orden de lo que sería correcto hacer: desaparecer la sala disciplinaria como un imperativo de profilaxis institucional. Esa sala se ha convertido en el órgano enfermo de la jurisdicción, porque le quitaron la tarea más importante que la Constitución le dio, que era juzgar disciplinariamente a los magistrados de las altas cortes. De ahí el rango que tienen sus magistrados y el origen de su nombramiento de ternas enviadas por el Presidente. Se trata entonces de un órgano derivado de los poderes políticamente activos. Es un debilitamiento de la autonomía de la rama judicial. Esa sala se volvió un cuerpo inútil, y cuando descubrió el manantial de la tutela al equivocar su función de órgano jurisdiccional, se transformó de inútil en dañino.
¿Y la sala administrativa?
Un cuerpo gobernativo de la rama judicial tiene que existir dentro de una Constitución que se propone elevar la libertad de los jueces a autonomía de la rama. Por eso es incomprensible lo que propone la ponencia. Crear un cuerpo extraño compuesto de magistrados de las altas cortes que se salen de su función jurisdiccional, con lo cual perdemos juzgadores, por unos 'gerentoides' provenientes de otras disciplinas de la ciencia administrativa y contable, con los cuales quieren integrar un cuerpo híbrido, condenado por su composición a no poder hacer bien lo que la sala administrativa actual hace mal, y a hacer mal lo que la sala administrativa hace bien.
¿Cómo puede ser que una reforma seria de la justicia no incluya uno de los aspectos más inquietantes de esta crisis, que es su politización?
Es uno de los aspectos negativos de la ponencia del Congreso. Era una iniciativa sana del Gobierno sustraerle a la responsabilidad de las altas cortes una función que les es naturalmente extraña. Cuando se aprobó la intervención de ellas en el proceso de elección de Contralor, dejé una constancia en la Asamblea Constituyente de que le habían hecho un regalo envenenado a la justicia con la sanísima intención de mejorar. Eso politizó y degradó a las cortes.
¿Usted cree que eso es producto de que el Congreso quiso congraciarse con su juez natural, la Corte Suprema, que no quiere que le quiten esas funciones?
No puedo conocer esas intimidades, pero es visible que a las cortes les gusta mantener esa función que en mala hora adquirieron, aun cuando hayan demostrado, por lo menos la Corte Suprema de Justicia, que es incapaz de ejercerla, como lo vimos en el caso de la imposibilidad de elegir fiscal, con la demora de un año para elegir candidato para la Procuraduría y la Contraloría, y otros eventos que han demostrado lo disfuncional que es.
Sin necesidad de conocer las intenciones de los congresistas, es fácil adivinarlas. ¿Cómo puede este Congreso votar con independencia?
Es un Congreso arrinconado y muchos de los congresistas no pueden dejar de mirar la reforma bajo el prisma de su propia situación personal frente a sus eventuales jueces.
¿Y no le parece sorprendente que en ese ambiente que usted describe haya surgido el premio de alargarles el período a los magistrados?
Sí. La reforma es equívoca en si comprende el periodo de los actuales magistrados. El período de 8 años a mí me parece suficiente, pero no hay que olvidar que el momento de mejor funcionamiento de la rama judicial fue cuando, bajo las instituciones del Plebiscito del 57, tuvimos cortes vitalicias, que garantizaban su total independencia frente a los otros poderes.
¿No es peligrosísimo consagrar una cooptación directa a partir de la actual integración de las altas cortes? Es que hay uno que otro personaje...
Este país ha ensayado todo en materia de elección de magistrados. Me gusta la cooptación, pero no confiada al órgano donde se puede proveer una vacante, sino a la totalidad de los componentes de las altas cortes como cuerpo elector. Porque, ojo: volver a la cooptación, que es el mejor sistema posible, no se puede hacer sin tomar precauciones frente a prácticas de las cortes que podrían desviar la eficacia de ese mecanismo hacia el amiguismo, el partidismo o las camarillas.
O la inferioridad intelectual...
Desde luego. Y el actual sistema, mal llamado de cooptación restringida, es disfuncional. Se ha convertido en un régimen hereditario por vía testamentaria con el Consejo Superior de la Judicatura, con la sala administrativa como albacea. Los vasos comunicantes que se han establecido entre las corporaciones judiciales y la sala administrativa están facilitando esa vocación de cada magistrado de dejar como sucesor suyo a un subalterno de su bolsillo.
¿Y qué opina del sistema de elección por concurso?
El peor sistema para la elección de gobernantes es el concurso. A nadie se le ocurre que los ministros sean elegidos por concurso. Aquí se trata de un saber prudencial. De proveer los componentes de órganos políticos de la mayor trascendencia, y ahí no basta poder responder preguntas de un cuestionario para determinar quién sabe más que otro, sino de evaluar condiciones morales, trayectoria en la vida, su visión de Estado. Eso es lo que ha hecho grande a la Corte Suprema de los EE. UU.
¿Es bueno el intento de descongestionar la justicia que trae la reforma? Es casi lo único que me gusta. Algunos lo critican como un intento de privatizar la justicia...
La propuesta del Gobierno, aunque tiene muchas dificultades teóricas y prácticas, no es un desatino. Es una exageración considerar que se privatiza la justicia por ese camino. Llamar a los abogados en ejercicio a la colaboración con la justicia puede ser una respuesta de choque transitoria a la descongestión.
Entonces, ¿cuál es el pero?
No veo claro el reclutamiento de juzgadores por el método de conscripción, como se hace en las fuerzas armadas. Habrá que darle más vueltas.
Conclusión: ¿esta reforma nos devuelve a los colombianos la esperanza de una justicia pronta, oportuna y justa?
No. Categóricamente no. Esta es una reforma en la que sus proponentes optaron por una visión de parcheo parcial de la Constitución. De aquí no sale nada que realmente signifique solución a problemas que tengamos. Salvo la eventual apertura de una vía para la descongestión, que hay que profundizar. Esta es una reforma que por desgracia no logra aprovechar los talentos del Ministro Esguerra, porque a él le ha tocado comerse el cocinado de un chef que no conocía el recetario.
Al chef lo escuché diciendo que las críticas de algunos juristas se deben a celos, porque no fueron consultados para este engendro de reforma...
El dardo del ministro es un irrespeto a la opinión ilustrada de ciudadanía activa y militante. Es nuestro deber llamar la atención sobre la mediocridad de las soluciones propuestas, y sobre la insuficiencia de los diagnósticos.
ESTRATEGIA PARA UNA PAZ DURADERA ES LA 'ASIGNATURA PENDIENTE': SANTOS
La Cámara votará este martes un proyecto que reforma la Constitución sobre justicia transicional.
"Necesitamos una estrategia de cierre que nos saque definitivamente de los ciclos de violencia y haga que la paz sea sostenible y duradera", afirmó este lunes el presidente Juan Manuel Santos durante el encuentro de la Jurisdicción Constitucional, realizado en Bogotá.
El mandatario aseguró que "la construcción de condiciones en el terreno", el reconocimiento y el restablecimiento de los derechos de "las víctimas de todo tipo" son fundamentales para que "no perdure la injusticia y se pueda construir el consenso que soporte y asegure el fin de la violencia".
"Es evidente que una estrategia de cierre, con los elementos que he mencionado, requiere de un gran consenso entre las diferentes ramas del poder para cumplir con el propósito constitucional de lograr la paz", agregó Santos.
El mandatario convocó el consenso de las ramas del poder público para salir de lo que llamó "laberinto jurídico".
Por eso, sostuvo que "el comienzo de la solución" está en reconocer que se necesita "un marco jurídico que abra el espacio para poder cerrar los capítulos del conflicto armado interno".
"No podemos tratar los efectos de tres o cuatro décadas de conflicto como un problema de política criminal ordinaria, dispersando las investigaciones en cada uno de los cientos de miles de hechos que se han denunciado, porque así no tendremos ni una verdadera justicia para las víctimas, ni mucho menos esclarecimiento de la verdad", subrayó.
Por eso afirmó que se requiere "una estrategia integral del Estado que determine las responsabilidades de las más graves violaciones, aclare los patrones, contribuya a la construcción de la verdad histórica y atienda al conjunto de víctimas en su totalidad", y permita "la reintegración efectiva de los desmovilizados, con seguridad jurídica".
"Ésta es, sin duda, la gran asignatura pendiente de nuestra Nación", puntualizó.
Las palabras de Santos se producen un día antes de que la Comisión I de la Cámara vote, en el primero de ocho debates, un proyecto de reforma constitucional sobre justicia transicional, el cual también ha sido llamado 'marco jurídico para la paz'.
La semana pasada, luego de que el primer intento de votación fracasara, Santos advirtió que la iniciativa es crucial para el país y alertó sobre el riesgo de que, por falta de garantías jurídicas, al menos 25 mil reintegrados vuelvan a delinquir.
El presidente también se refirió al régimen de transición de pensiones de los servidores públicos, tema que calificó como una bomba de tiempo sobre las arcas de la Nación, ya que podría costarle al Estado entre 12 y 57 billones de pesos en los próximos 20 años.
Por su parte, el ex presidente César Gaviria felicitó a Santos por actuar con eficiencia en la recuperación de las tierras para los campesinos y por apoyar las investigaciones contra la corrupción en las entidades del Estado.
"En buena hora está enfrentando la captura soterrada a las entidades del Estado por parte de los usurpadores de tierras", afirmó.
Finalmente, le pidió al presidente que como contribución a la lucha contra la corrupción respalde las decisiones judiciales y elija a funcionarios probos en las entidades del Estado.
EDITORIAL: SIN RENCOR NI INCERTIDUMBRE
En dos semanas, la Corte Constitucional podría tomar una decisión que afectaría los actuales procesos de desmovilización. Se trata del fallo sobre la demanda de la Comisión Colombiana de Juristas contra la Ley 1424 del 2010.
Esta norma de urgencia suspende las órdenes de captura por delitos que no sean de lesa humanidad si los ex paramilitares se acogen a la reintegración, reparan a las víctimas y participan en el esclarecimiento de la verdad. Sin embargo, para los demandantes, la disposición genera impunidad y el Estado debe darles prelación a los derechos de las víctimas sobre los de los victimarios.
Lo anterior se traduce en una situación de incertidumbre jurídica para miles de desmovilizados que aceptaron la invitación de paz del Gobierno. Además, complica el difícil trabajo de la Alta Consejería para la Reintegración (ACR) de guiar el ingreso de estos combatientes ilegales a la vida civil.
El programa Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) que está desarrollando el Estado colombiano es un caso de estudio para otros países. No solo ha propiciado la salida de la guerra de más de 54.000 personas en ocho años, sino que lo ha hecho en medio de un conflicto activo.
El desafío de sincronizar las leyes con un ejercicio de tal naturaleza y balancear las dosis de justicia, castigo y reconciliación se combina con dificultades inherentes a estos procesos. Entre ellas se cuentan el alto número de participantes, sus bajos perfiles educativos y laborales, el desajuste sicológico de regresar al mundo civil, la desconfianza de empresarios y de la sociedad y la tentación de la reincidencia.
El panorama de la 'ruta de la reintegración' revela logros como los 25.720 atendidos en educación y los 31.000 en materia sicosocial, así como muchas historias de superación individual y de perdón, como las reseñadas en un informe en la edición de ayer de este diario. No obstante, los riesgos que amenazan la gestión de la ACR no son desdeñables.
La incertidumbre jurídica ha reducido el ritmo de las desmovilizaciones individuales. Esta exitosa estrategia para minar a los grupos armados desde su base ha pasado de 2.934 casos en el 2007 a 740 este año. Nadie dejará las armas voluntariamente si va directo a prisión.
El reclutamiento de las bandas criminales es intenso y en ocasiones termina con la muerte del desmovilizado. En este tema es necesario quebrar mitos como el de la reincidencia. Según datos de la ACR, solo el 6,7 por ciento de los reintegrados ha delinquido nuevamente. De los miembros de las 'bacrim' que han sido capturados, el 11 por ciento proviene de la desmovilización. La inseguridad urbana que azota al país no es producto exclusivo de los ex 'paras'.
Mientras la sociedad colombiana perciba el DDR como un 'regalo' a los violentos, gran parte de la tarea seguirá pendiente. La reintegración debe ser vista como un proceso complementario de la búsqueda de la paz. En la medida en que estos combatientes transiten un camino hacia la civilidad y construyan un modelo de vida e ingresos propios, las tentaciones del 'monte' serán menos fuertes.
Garantizar los derechos de las víctimas no está en contravía de ofrecer beneficios en una dejación de armas. Cada vez es más evidente que la justicia no es capaz de procesar todos y cada uno de los crímenes del conflicto, como lo reconoce el proyecto de acto legislativo que transita en el Congreso.
Miles de ex combatientes recibieron la mano tendida del Estado para desmovilizarse. Es el turno para las cortes, el Congreso, los empresarios y el resto de la sociedad poner de su parte.
LA REFORMITA
Por: Mauricio Vargas
Gobierno, cortes y Congreso acordaron que la reforma de la justicia sea un cambio que nada cambie.
La reforma no tocará la fuente del botín burocrático de la justicia.
Hace cerca de un año, cuando el Gobierno y las altas cortes iniciaban sus consultas en busca de un acuerdo para la muy urgente reforma de la justicia, dije en esta columna que el presidente Juan Manuel Santos debía evitar la búsqueda del consenso por el consenso mismo. Recordé una frase de Virgilio Barco, un reformista convencido que llegó tarde a la Presidencia, en el sentido de que "el consenso mata las reformas", pues, al tratar de dejar contento a todo el mundo, los promotores del consenso evitan los cambios de fondo que son los que pisan callos.
Con el proyecto de reforma de la justicia, todos los que la negociaron parecen muy contentos. Y eso se debe a que no pisa callo alguno. El principal objetivo de los reformadores tenía que ser acabar con el Consejo Superior de la Judicatura, ese ente ineficiente, politizado y burocratizado que tanto daño le ha hecho al funcionamiento y a la imagen del poder judicial. Pues lo dejaron casi intacto, salvo por un cambio menor que acaba con la sala administrativa y la reemplaza por una especie de supercorte que, de entrada, luce pesada e ineficaz y, por lo tanto, incapaz de impulsar la administración gerencial que el sector judicial necesita con urgencia.
Con esto, los magistrados del Consejo Superior y sus aliados del Consejo de Estado quedaron felices: la reforma no tocará la fuente del botín burocrático de la justicia. Los congresistas, que también alimentan y se alimentan de ese botín, quedaron dichosos. Y el Gobierno quedó tranquilo con su reversazo, ya que, al proponer eliminar el Consejo Superior, se había trenzado en una dura polémica con buen número de magistrados y eso no le convenía. Todos contentos. Ningún callo pisado. Cero reforma de fondo.
Otro gran objetivo era zanjar con reglas claras el choque de trenes entre las altas cortes por cuenta de la tutela contra sentencias. Como era un tema muy delicado (cuando Álvaro Uribe se metió en ese berenjenal, y lo hizo a favor de la Corte Constitucional, se ganó para siempre el odio de la Corte Suprema), quedó de lado. Ningún callo pisado. Cero reforma. Y el choque de trenes seguirá.
Numerosos expertos nacionales e internacionales recomendaban la doble instancia para el juzgamiento de los congresistas que hoy lleva a cabo, como investigador y juez, la sala penal de la Corte Suprema. Es una elemental garantía en los Estados de derecho que todo procesado tenga oportunidad de que una instancia distinta a su primer juez revise su caso. En la reforma hay un cambio, más bien menor, que establece la doble instancia en la misma sala penal. Unos magistrados de la sala penal revisan lo que otros, sus colegas, hicieron. Un yo con yo. Una reformita.
El cambio más importante es el remplazo de la actual Comisión de Acusación por un tribunal de nueve juristas, para que la comisión deje de ser de absoluciones. Pero, aun con ese paso positivo, ¿se puede llamar a esto una reforma de la justicia? Para nada. Los grandes problemas de la impunidad no son atacados: la politización de las cortes queda intacta y la gran falencia del sistema en el campo penal -la falta de investigación judicial que obliga a fiscales y a jueces a depender exclusivamente de confesiones y delaciones, de lo que digan los malos- no se corrige.
¡Ah!, se me olvidaba: en la negociación, los magistrados consiguieron más plata del presupuesto para el poder judicial. De nada servirá, pues, si el sistema está enfermo, politizado, burocratizado: los nuevos recursos irán a un barril sin fondo. Ante la avalancha de críticas, el presidente Santos salió el viernes a defender la reforma. Dijo que su mayor fortaleza es ser fruto del consenso. Se equivoca. Es su mayor debilidad. Todos los involucrados quedaron contentos porque la reforma deja casi todo como estaba.
EL ESPECTADOR
RÉGIMEN PENSIONAL
Divergencias de Cortes sobre régimen pensional costarían al país $57 billones
La advertencia fue hecha por el presidente Juan Manuel Santos en el VII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional en Bogotá.
El Presidente Santos Juan Manuel Santos durante la instalación del VII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional. En la mesa principal lo acompañaron, entre otros, el expresidente César Gaviria, los presidentes de las Altas Cortes, la Fiscal Viviane Morales, el Procurador Alejandro Ordóñez, y los ministros del Interior y de Justicia.
El presidente Juan Manuel Santos indicó este lunes que las divergencias que se presentan en las Altas Cortes sobre el régimen de transición de pensiones podrían costarle al país 57 billones de pesos en los próximos 20 años.
“Hoy quiero llamar la atención sobre la bomba de tiempo que se cierne sobre las arcas de la nación, es decir, de los colombianos, por causa de las interpretaciones cambiantes y en ocasiones contrarias a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que se vienen haciendo en otras Altas Cortes sobre el tema del régimen de transición de pensiones creado por la Ley 100 de 1993”, señaló el Mandatario durante su participación en el VII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional ‘Diálogos con el mundo’, realizado en Bogotá.
El Jefe de Estado explicó el costo que tendría para el país estas divergencias jurisprudenciales.
“Pueden llegar a costarle al país desde unos 12 billones de pesos, si sólo tenemos en cuenta funcionarios de la rama judicial y los órganos de control, hasta 57 billones de pesos a lo largo de los próximos 20 años, si se extiende la jurisprudencia a todos los servidores públicos”, explicó el Presidente Santos.
Agregó que sin entrar a juzgar la pertinencia o no de estos fallos “que no es el papel del Ejecutivo”, sí es su deber prender las alarmas e insistir sobre la importancia de que se promueva una unificación jurisprudencial “que bajo el principio de la ponderación defina claramente la forma como se debe proceder”.
El Jefe de Estado lanzó la advertencia al recordar que en Colombia hay riesgos reales que confrontan la viabilidad económica del país y que no se pueden desconocer.
Recordó que hace un año, en este encuentro constitucional, ya había hablado sobre los efectos que sentencias bien intencionadas sobre temas de salud, créditos hipotecarios y ajustes de salario pueden tener no sólo sobre las finanzas públicas sino incluso sobre la equidad, que puede vulnerarse cuando, por proteger el derecho de algunos, se pone en peligro el porvenir de la mayoría.
NUEVA ARREMETIDA PÚBLICA DE CÉSAR GAVIRIA CONTRA GOBIERNO DE URIBE
Al ‘regaño’ del viernes pasado, este lunes el expresidente liberal le sumó que el problema de la corrupción no es de las instituciones “sino del gobernante”.
El expresidente César Gaviria Trujillo volvió a arremeter en contra del gobierno de su similar, Álvaro Uribe Vélez.
Aunque el viernes pasado en Ibagué ya había criticado duramente al gobierno de Uribe, este lunes en desarrollo de VII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional ‘Diálogos con el Mundo’, el exmandatario dijo que “la Constitución no tiene la culpa de que un gobierno haya decidido repartir la administración pública a pedazos entre dirigentes políticos algunos de ellos en las cárceles o que se haya decidido repartir contratos públicos para ganar adhesiones en el Congreso”.
Para Gaviria, esa práctica, fue el “origen” de buena parte de la corrupción que se dio en los últimos años.
“La culpa no es entonces de la Constitución, ni de instituciones como el Das o el Incoder sino del gobernante”, sostuvo Gaviria
Y recalcó: “A quienes con razón piden aún más eficacia en la lucha contra la corrupción, que tengan presente que lo único que allí nos puede ayudar es más justicia, más instrumentos, más reformas, más recursos…no es un problema de voluntarismo, ni de promesas electorales”.
En ese sentido, el expresidente destacó que el presidente Juan Manuel Santos ha hecho “su esfuerzo en nombrar funcionarios probos y capaces”.
“Es la contribución que el gobierno puede prestar en esa lucha y su decidido respaldo a las investigaciones han tenido un efecto para que tales hechos no queden impunes y se sancionen”, admitió Gaviria frente a Santos.
Finalmente, el expresidente dijo que “Colombia necesita más democracia, más respeto a la diversidad, más diálogo civilizado, más espacio para disentir y para construir a partir de nuestras diferencias, más liderazgos sensibles a los problemas sociales del país, más oportunidades para las nuevas figuras que quieren aportarle a Colombia”.
EL HIJO NO DESEADO
Por: Lorenzo Madrigal
El aborto no es tema de esta columna. Tiene bordes con lo ético, con lo biológico, con lo constitucional, que respeto muchísimo y, sobre todo, con las sensibilidades de género y los derechos de la mujer, siempre en trance de ser ultrajada sexualmente y, por si fuera poco, única responsable de la gestación humana.
Ese no es el tema. Claro está que yo pertenezco a la escuela de formación jurídica, en que se nos enseñaba que la vida comienza en el momento de la concepción. Dejémoslo ahí. Sólo quiero destacar la desoladora, pero al mismo tiempo acertada decisión que tuvo la madre de Steve Jobs, si no quería a su hijo, de entregarlo en adopción.
Miren ustedes lo que resultó. El ser humano sorprende siempre en sus posibilidades ilimitadas, finalmente creado a semejanza de Dios. La educación es muy importante, la buena crianza también, la herencia de tradiciones familiares aporta, sin duda. Pero, aun careciendo de algunos de estos factores, qué admirable capacidad la que le resta a una persona para compensar deficiencias y, como en el caso de Jobs, para llegar a metas benefiiosas para él y para la humanidad.
El esfuerzo de superación, que se vuelve imperioso, entrena la voluntad desde la infancia. Siempre oí decir que da mejor resultado humano, educar hijos en pobreza que en medio de la abundancia de bienes y caprichos. El dinero recibido a rodos y sin percepción de la dificultad, sólo conduce más tarde al despilfarro y a la bancarrota.
Jobs, no deseado, tuvo amables adoptantes, cuya escasa fortuna se consumió en la primera matrícula universitaria; abandonó los estudios, salvo los que tocaban con su afición tipográfica. Su iniciativa creó una empresa, que resultó exitosa (fue multimillonario a temprana edad) y de la cual, curiosamente, fue despedido. Decepción que sólo fue un obstáculo más para superar. Tropiezos como éste eran para él “amargas medicinas que un paciente necesita” (de su discurso en la Universidad de Stanford).
No fue propiamente mi personaje, porque yo pertenezco a épocas anteriores a la suya y soy algo negado para la tecnología, pero veo que Steve Jobs pasó por el mundo con sencillez y sabiduría, saltando por encima de los mayores tropiezos; bebé rechazado no únicamente por sus padres, sino también por sus primeros adoptantes, fue hombre de resultados imprevistos para la ciencia informática y el discurrir del mundo.
EL NUEVO SIGLO
VARIOS ASPECTOS NEGADOS EN REFORMA JUDICIAL PODRÍAN RESUCITAR
En la Cámara de Representantes podrían revivir que sólo la Fiscalía investigue a congresistas y que Procuraduría no los pueda sancionar disciplinariamente.
A pesar que la ponencia del proyecto de reforma a la justicia que la semana pasada aprobó la Comisión Primera del Senado, surgió de un consenso entre las distintas bancadas de los partidos políticos, con los presidentes de las altas cortes y el Gobierno, dichos acuerdos podrían no respetarse en los siete debates que le restan a la iniciativa en el Congreso. En consecuencia, varios aspectos de la reforma que fueron aprobados podrían modificarse o sustituirse.
EL NUEVO SIGLO describe qué temas podrían sufrir alguna transformación, no tanto en la plenaria del Senado, donde se llevará a cabo su próxima discusión la semana entrante, sino en la Cámara de Representantes, donde los acuerdos con las bancadas políticas tendrían que partir prácticamente de ceros. Cabe mencionar, que varios de los ponentes en Cámara del proyecto de reforma constitucional ya se encuentran estudiando su articulado desde la semana pasada.
Tutela contra fallo judicial
El tema de la tutela contra sentencia judicial, en el que no hubo consensos en Senado, y se optó por excluirse de la iniciativa, podría reabrirse su discusión en cualquiera de los próximos debates, si el Gobierno y las altas cortes llegan a un consenso previo. Hay que recordar que el Gobierno propone que sea la Corte Constitucional el órgano de cierre en cuanto a impugnaciones de fallos judiciales se trata, mientras que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado proponen que cada uno de ellos sea el órgano de cierre en su respectiva jurisdicción.
Investigación de congresistas
De otro lado, la propuesta de que la Fiscalía investigue a los congresistas, hecha por el Gobierno y que finalmente fue descartada en el debate en el Senado, donde se dejó que la instrucción de estos aforados quede en la Corte Suprema de Justicia como actualmente está, podría revivirse en la Cámara de Representantes.
Procesos disciplinarios
Uno de los aspectos que ni siquiera fue debatido en la Comisión Primera del Senado la semana pasada, precisamente fue una propuesta hecha por varios representantes a la Cámara, que tiene que ver con que el Procurador General no pueda investigar y sancionar disciplinariamente a los congresistas. Se espera que el debate de esta propuesta sea reabierta en la Comisión Primera de la Cámara en el tercer debate de la reforma judicial. El presidente de la Comisión Primera del Senado, Luis Fernando Velasco, señaló que la comisión de ponentes de la reforma a la justicia en la Cámara alta decidió no incluir este tema, hasta que no se dialogue sobre el mismo con el propio procurador Alejandro Ordóñez.
Presupuesto de Rama Judicial
De igual manera, en cualquiera de los próximos debates puede ser reabierta la discusión sobre el presupuesto que debe recibir la Rama Judicial anualmente. En el primer debate se incluyó una fórmula constitucional del tres por ciento del presupuesto general, pero varios senadores se mostraron de acuerdo con subir ese porcentaje.
Facultades a abogados
Otro de los temas que podría ser modificado en cualquier momento y que fue aprobado, es el propuesto por el Gobierno de otorgarles funciones jurisdiccionales a abogados y notarios, el cual fue uno de los más controversiales durante el primer debate de la iniciativa. En ese punto no había consensos totales entre el Gobierno y las altas Cortes, inclusive entre los mismos senadores el mismo día del debate y votación.
Comisión de Acusación
Asimismo se espera que en la Cámara de Representantes se reabra la discusión de la pertinencia o no de eliminar la Comisión de Investigación y Acusación adscrita a esa corporación legislativa. El Senado aprobó hacerle una reingeniería a esa entidad.
Funciones nominadoras
En la reorganización de los consensos con las bancadas de los partidos políticos en la Cámara de Representantes, el Gobierno puede insistir en quitarle la facultad a las altas cortes de participar en el nombramiento de altos funcionarios como el Procurador y Contralor General. Este fue un pulso que le ganaron las altas Cortes al Gobierno, pues los altos tribunales pedían que no les fuera retirada esa función.
Temas que no revivirán
Por otra parte, entre los temas que quedaron sepultados y no se reabrirá su discusión, está la propuesta del Consejo de Estado de eliminar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y modificar la forma de elegir a sus magistrados. También se solicitó suprimir la función que tiene el CNE de revisar los escrutinios.
En la Comisión Primera del Senado se dijo que no era pertinente una reforma de dicha índole, teniendo en cuenta que aún no se han desarrollado con plenitud las nuevas atribuciones que le dio la última reforma política a ese órgano electoral.
Igual suerte correrá la propuesta hecha por algunos magistrados de cambiar la forma de elección de los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, quienes son los únicos altos jueces elegidos por el Congreso. Este tema ni siquiera fue nombrado en la Comisión Primera del Senado, donde la reforma judicial fue aprobada la semana pasada.
Así mismo, la idea de cambiar la figura del Contralor General por una entidad integrada por seis magistrados que igual se encarguen de fiscalizar los dineros del Estado, promovida por el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, no tuvo ningún eco ni en la conformación de la ponencia, ni en el primer debate que tuvo el proyecto de acto legislativo.
También hay que mencionar el controversial tema del fuero militar propuesto en el día de la votación del proyecto de reforma y que el viernes pasado tuvo que ser retirado por el Gobierno.
La propuesta hecha por el senador conservador Roberto Gerlein, de incluir en la reforma judicial la facultad al Presidente de la República de otorgar indultos y amnistías, no fue votada en su primer debate, y es poco probable que se debata posteriormente.
ROMPIÓ FUEGOS REFORMA JUDICIAL
Pocas veces en la historia colombiana el primero de los ocho debates de un acto legislativo había concitado tanto pulso político, ideológico e institucional. Gobierno, Cortes y Congreso jugaron sus cartas. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Qué puede pasar en la plenaria del Senado? Críticas y réplicas. Análisis.
Difícilmente pudo ser más accidentado el primer debate al proyecto de reforma a la justicia. La iniciativa estuvo a punto de naufragar de no ser por un acuerdo de alto nivel entre el Gobierno, las Cortes judiciales y los senadores ponentes en la Comisión I.
Sin embargo, el que la iniciativa, sin duda una de las banderas del Ejecutivo, haya superado el primero de sus ocho debates (cuatro de los cuales debe cumplir antes del 16 de diciembre) no significa que haya total consenso en torno a los cambios que propone y menos aún que el largo camino que le resta vaya a ser tranquilo.
Todo lo contrario, tan pronto como recibió a mitad de semana la “bendición” de la Comisión I se desató un debate de alto espectro entre Gobierno, magistrados, juristas, congresistas y muchos sectores del país.
El cruce de argumentos fue subiendo de nivel a medida que se analizaban cada uno de los aspectos aprobados, sin que hubiera un consenso alrededor de quién tenía la razón. Al final de la semana, parece que el único tema que quedó ‘saldado’ fue el relativo a la reforma al fuero militar, pero no porque se haya alcanzado una conjunción de coincidencias respecto al mismo, sino porque el Gobierno entendió que el haber ‘colgado’ a última hora este delicado asunto al proyecto de reforma a la justicia, terminó siendo contraproducente, por más que haya sido aprobado en la Comisión I.
El viernes pasado, el propio ministro del Interior Germán Vargas Lleras aceptó que lo mejor era retirar lo relativo al fuero militar y presentar una reforma integral a todo el ámbito de investigación y juzgamiento de los integrantes de la Fuerza Pública.
Es previsible que la polémica sobre si debe ampliarse o no el fuero aumentará en forma drástica, pero al menos ya no en el marco del proyecto de reforma judicial, que ya de por sí tiene sus propios y álgidos debates a bordo.
En cuanto al resto del articulado de la reingeniería a la Rama Judicial, la discusión sigue en un punto alto y la antesala para el estudio en la plenaria del Senado en dos semanas es muy candente.
Gobierno defiende
La primera de las polémicas gira en torno a quién ganó y perdió con lo que aprobó finalmente la Comisión I.
El Gobierno, por intermedio del propio presidente Juan Manuel Santos y los ministros de Justicia Juan Carlos Esguerra y del Interior Germán Vargas Lleras insisten en que la iniciativa que superó el primer debate es muy importante y recoge en gran parte las prioridades que se había fijado el Ejecutivo cuando la anunció.
Según el propio Jefe de Estado la iniciativa dignifica la justicia, fortalece su autonomía, optimiza su administración y, sobre todo, mejora la vida de los ciudadanos porque contribuirá a descongestionar los juzgados y a hacer más ágil la respuesta del Estado a sus demandas.
Los ministros defienden a capa y espada aspectos tales como los mecanismos de descongestión judicial, que consideran como la pieza fundamental de todo el proyecto y la principal urgencia de la ciudadanía, por encima incluso de la propia reforma a la estructura de gobierno de la Rama.
Para el Ejecutivo el proyecto aprobado contiene herramientas que permitirán en un corto lapso evacuar los expedientes que se encuentran atrasados en los despachos judiciales. Se calcula que a diciembre del año pasado había más de 2 millones 600 mil procesos judiciales en trámite, la mayoría de ellos pertenecientes a la jurisdicción civil.
Para los ministros Vargas y Esguerra es de primordial importancia la posibilidad de que particulares o funcionarios administrativos puedan resolver conflictos no litigiosos bajo la orientación de una Comisión Especial de Desjudicialización.
Para el Ejecutivo es clave otorgar funciones jurisdiccionales a funcionarios administrativos como los notarios, con el objetivo de descongestionar los despachos judiciales. Sin embargo, se aclaró que éstos no podrán recabar pruebas, ni fallar en procesos penales o de lo contencioso administrativo
"En materia de descongestión se va a acudir a muchas instancias para adelantar un plan de choque para que se fallen en algo más de cinco años, un millón seiscientos mil procesos represados con la participación de abogados litigantes y funcionarios actuales de la Rama Judicial, Centros de Arbitrajes y Conciliación", explicó Vargas Lleras.
Por igual, la Casa de Nariño sostuvo que se avanzó en lo que corresponde al juzgamiento de los funcionarios con fuero. Por ejemplo, se incluyó al Vicepresidente de la República, al Consejo Nacional Electoral, al Procurador y al Contralor General entre los funcionarios que son juzgados por el Senado previa acusación de la Cámara.
También se aprobó en primer debate eliminar la Comisión de Acusación de la Cámara y crear en su lugar una Comisión Especial de Instrucción compuesta por 9 instructores, con las mismas calidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por periodos fijos de 8 años.
La nueva Comisión será la encargada de investigar e instruir los procesos y de rendir informe a la Plenaria de la Cámara, para que ésta defina si acusa o no ante el Senado.
Tanto el Presidente como sus dos ministros defendieron también que el proyecto aprobado establece mecanismos alternativos para proteger los derechos de los consumidores sin necesidad de acudir a despachos judiciales.
Igualmente, en los consensos de mitad de semana se logró el visto bueno a la creación del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria.
Santos resaltó, por ejemplo, que la iniciativa garantiza “en la Constitución un aumento progresivo de los recursos para la Justicia, mediante una fórmula que hemos determinado en un porcentaje igual a la inflación esperada más un incremento adicional del 2 por ciento”.
Indicó que esto se sumará a la asignación de “un billón de pesos para ayudar a la descongestión, a razón de 200 mil millones de pesos cada año durante cinco años, sin perjuicio de que estamos abiertos a escuchar fórmulas adicionales para garantizar el buen trabajo judicial”.
Incluso sostiene la Casa de Nariño que con normas aprobadas como la que aumenta de 65 a 70 años la edad de retiro forzoso de los magistrados de las Cortes, y la que incrementa de 10 a 20 años el requisito de experiencia para integrar los máximos tribunales, no sólo se garantiza que lleguen los mejores a estos cargos sino que un régimen de inhabilidades e incompatibilidades más fuerte evita que los juristas que se retiren estén en pocos meses haciendo política “con el eco de sus sentencias en la mano” o litigando ante la misma corporación judicial que recién abandonaron.
Los peros
Sin embargo, hay muchos críticos de la iniciativa que se terminó aprobando. Ex magistrados, ex ministros, ex procuradores y juristas de primer nivel, así como dirigentes políticos y voceros de la academia se fueron, entre jueves y viernes, lanza en ristre contra el Gobierno, acusándolo de haber cedido mucho en la negociación con las Cortes y el Congreso para evitar un hundimiento.
Cuatro son los puntos clave en que los críticos consideran que el Ejecutivo no pudo imponerse pese a que eran piezas sustanciales de la reforma a la justicia que había prometido.
En primer lugar está lo relativo al Consejo Superior de la Judicatura. Tanto en la campaña presidencial como en el proyecto de reforma que presentó al Congreso semanas atrás, el Gobierno había insistido en la necesidad de eliminar este alto tribunal señalándolo de extremamente politizado, burocratizado, altamente costoso en materia presupuestal y de asumir funciones jurisdiccionales excesivas.
Sin embargo, pese a que la coalición del presidente Santos maneja 90 por ciento de las curules del Senado y la Cámara, fue imposible que impusiera su propuesta, no sólo por la oposición de los partidos de la Unidad Nacional sino de las propias Cortes, en especial de la Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Es decir, le pasó lo mismo que a la administración Uribe, que duró ocho años tratando infructuosamente de acabar ese ente.
Al final, al gobierno Santos le tocó ‘transarse’ por una reforma, al decir de los críticos, menor. Se aprobó eliminar la Sala Administrativa y que habrá una Sala de Gobierno, que será el órgano superior de gerencia de la Rama, conformada por los presidentes de las Cortes, delegados de cada Corte y un delegado escogido por los magistrados y jueces.
La nueva Sala de Gobierno será la que presente las listas de candidatos para el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de Estado por las respectivas corporaciones.
Habrá un Director Ejecutivo de la Rama Judicial, quien trabajará, en conjunto con la Sala de Gobierno, para garantizar la eficiencia de la Justicia en el país.
Asimismo, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria se convierte en Sala Disciplinaria, quedando solamente con funciones como juez disciplinario y para la resolución de conflictos de jurisdicción.
Tutela invicta
Un segundo tema en el que los críticos sostienen que el Gobierno terminó cediendo ante los máximos tribunales fue el relativo a la reforma a la acción de tutela, sobre todo para erradicar de una vez por todas los constantes y graves choques de competencias y jurisdicciones entre las Cortes Suprema de Justicia, Constitucional y los Consejos de Estado y la Judicatura.
La propuesta inicial del Gobierno planteaba regular la acción de tutela contra sentencias judiciales, incluyendo las proferidas por las Cortes. Las tutelas contra providencias de éstos altos tribunales se tramitarían en única instancia ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado, según fuere el caso.
Igual se proponía que los fallos de tutela contra providencias de las Cortes podrían ser seleccionados y revisados por la Sala Plena de la Corte Constitucional, con el fin de unificar la interpretación de los derechos constitucionales fundamentales.
Sin embargo, la oposición de los presidentes de los altos tribunales y, en menor grado, la debilidad de los ponentes en Senado para defender la tesis gubernamental, llevó a que en el proyecto aprobado en la Comisión I no se tocara lo relativo al tema de la acción de tutela contra sentencias. Es decir que la posibilidad de “choque de trenes” sigue vigente.
Según el presidente Santos “en el tema de la tutela contra sentencias -teniendo en cuenta que ya jurisprudencialmente se ha venido decantando su aplicación-, convinimos en mantener el status quo, preservando la forma en que viene operando esta acción fundamental para todos los ciudadanos”.
Agregó que este consenso se logró “observando la actitud comedida y respetuosa que ha venido adoptando la Corte Constitucional a la hora de seleccionar y revisar las acciones de tutela interpuestas contra sentencias de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado”.
Corte intacta
Otro de los temas en que se considera que las Cortes impusieron sus criterios sobre los del Gobierno, es el relativo al juzgamiento en la Corte Suprema de los funcionarios aforados.
En el proyecto original radicado por Vargas Lleras frente al juzgamiento de congresistas, ministros, directores de departamentos administrativos, entre otros aforados constitucionales, se establecían las siguientes modificaciones: se implementa el sistema penal acusatorio y la investigación y la acusación son asumidas por el Fiscal General de la Nación; el control de garantías será ejercido por el Tribunal Superior de Bogotá; y, el juzgamiento en doble instancia tendrá lugar ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (la Sala Penal, para tales efectos, se dividirá en dos secciones).
Sin embargo, quitarle la competencia exclusiva a la Suprema de Justicia para investigar y condenar a los funcionarios aforados nunca tuvo mayor consenso en el Congreso y menos aún entre las Cortes.
Al final se hundió esa propuesta. Se terminó aprobando, eso sí, la creación de la doble instancia para el juzgamiento penal de congresistas. Ambas instancias se surtirán dentro de la Corte Suprema de Justicia.
La idea es que habrá dos salas adicionales: una que investigará y acusará y otra que juzgará en primera instancia. La segunda instancia será conocida por la Sala de Casación Penal de la Corte. También habrá doble instancia en los procesos de pérdida de investidura de los congresistas.
Según los ministros, se trata de un avance muy significativo puesto que el tema de la doble instancia es un mandato universal en el que Colombia aún estaba atrasada en lo relativo al juzgamiento de los altos funcionarios aforados.
Funciones electorales
Otro de los grandes puntos del proyecto original del Gobierno se refería a quitarle a las Cortes la posibilidad de elegir a varios altos funcionarios.
La iniciativa de reforma judicial radicada por Vargas Lleras sostenía que el Procurador General de la Nación sería elegido por el Senado de la terna que enviara el Presidente de la República, desapareciendo así las funciones nominadoras de las Cortes. Al Contralor General lo elegiría el Congreso en pleno, entre quienes se inscriban como aspirantes para el cargo. También para la elección de Contralor se eliminaban las funciones nominadoras de los máximos tribunales.
Este aspecto fue defendido a capa y espada por el Gobierno en su momento, bajo la tesis de que esas funciones electorales, como lo comprobó la dilatada escogencia del Fiscal General, lo único que llevaba era a la politización de la Justicia y la distracción de su función primaria.
Sin embargo, en lo aprobado en la Comisión I, tras el acuerdo al que se llegó el miércoles en la noche en la Casa de Nariño entre Santos, los presidentes de las Cortes y los ponentes del proyecto, las funciones electorales de los máximos tribunales quedaron intactas en lo relativo a Procurador y Contralor.
¿Entonces?
Como se ve, la polémica en torno a qué pasó con el proyecto en su primer debate es muy altisonante. Para algunos analistas y juristas, el Gobierno perdió, pues no pudo imponer en la Comisión I varias piezas claves de su proyecto. Para otros, fueron las Cortes las ganadoras toda vez que, contra viento y marea, impusieron sus criterios en temas tan complejos como la supervivencia del Consejo Superior de la Judicatura. Y no faltan quienes consideran que los peor librados terminaron siendo los propios partidos y congresistas que, entre las presiones del Ejecutivo y de los máximos tribunales, no supieron preservar su independencia legislativa para darle al país la reforma judicial de fondo que se necesita.
Lo cierto es que la Casa de Nariño no se siente perdedora toda vez que considera, en primer lugar, que los mecanismos más importantes en materia de descongestión judicial pasaron sin problemas. En segundo término, se afirma que lo importante aquí era superar el primer debate, toda vez que aún quedan siete más para seguir corrigiendo las falencias advertidas. Y tercer aspecto, que el Gobierno siempre advirtió que su propuesta era apenas una base para la reforma y lo importante era que hubiera consenso con las Cortes en la mayoría de los temas.
“Como en los buenos negocios, nadie resultó vencedor en sus posiciones, sino que todos cedimos un poco para alcanzar un resultado que sea el mejor para los colombianos y para nuestra Justicia”, agregó el Jefe de Estado.
A su turno, los ponentes en la Comisión I negaron que el texto aprobado no tuviera el alcance de una gran reforma y que fuera apenas un “maquillaje”. El senador Luis Fernando Velasco indicó que el consenso fue clave para sacar avante el proyecto y que lo importante es que desde el primer debate los análisis fueron a fondo.
Los voceros de los máximos tribunales, sobre todo del Consejo de Estado que había radicado su propio proyecto de reforma (salvando al Superior de la Judicatura), fueron más cautos y dijeron que debe esperarse a los próximos debates.
Sin embargo, para juristas, ex magistrados, académicos y otros sectores la reforma que salió avante en este primero de los ocho escalones que debe recorrer la iniciativa, es muy incompleta, no sólo por los temas clave que terminaron ‘engavetados’ sino porque no se ahonda en asuntos de urgencia como la estructura de gobierno de la Rama, tampoco soluciona la duplicidad de funciones y los choques de jurisdicciones, no apunta a una política criminal que no penalice toda contravención y, sobre todo, mantiene vivo el riesgo de politización judicial.
Como se ve, la discusión sigue prendida y es seguro que cuando la iniciativa llegue a la plenaria del Senado muchos de los temas que se hundieron en la Comisión I tratarán de ser resucitados, al tiempo que el alud de propuestas de modificaciones a lo ya aprobado será sustancial.
El vía crucis de la reforma a la justicia apenas sí comienza. Si la controversia en el primer debate de este acto legislativo, que por lo general no genera tanta polémica, llegó al nivel que alcanzó, es seguro que de aquí en adelante, cuando se acerquen las instancias más definitivas, el tono subirá. La tormenta apenas asoma…
PIDEN A LA U DEFINIR POSICIÓN SOBRE EL ABORTO
En comunicación enviada al senador Juan Lozano, presidente del Partido Social de Unidad Nacional (La U), el legislador Armando Benedetti solicitó convocar la bancada para definir una única posición frente al tema de la prohibición del aborto.
Benedetti consideró que el cambio constitucional “atenta contra los principios más importantes sobre los que estamos construyendo el Estado colombiano, como la separación entre Iglesia y Estado, la garantía de los derechos fundamentales y el respeto a la jurisdicción constitucional”.
“En un Estado laico como el colombiano, se debe propender por el respeto a las otras formas de pensamiento”, manifestó.
“Nuestra Carta Política esta hecha para que todos quepamos, respetando las diferencias y el carácter pluriétnico y multicultural de nuestro país. Desde el preámbulo constitucional hasta el cuerpo de artículos que se desprenden de ésta, se desarrolla el respeto y protección a todas las minorías, no sólo étnicas o raciales, sino también de pensamiento”, sostuvo.
“Considero que como legisladores la responsabilidad es enorme, y debemos abordar los problemas de nuestra sociedad atacando su fondo real. No podemos convertirnos en un Estado criminalista, que sanciona y penaliza todas las conductas. El problema de fondo en todo este debate es la existencia de embarazos no deseados por parte de nuestras adolescentes y mujeres en general. Esto deviene de una carencia flagrante de políticas públicas en materia de educación sexual y reproductiva”, aseguró Benedetti en su misiva.
Benedetti le recordó a Lozano que “según los estudios más recientes de Profamilia, hay una indebida utilización de los métodos anticonceptivos; y aun temas como estos que pertenecen al ámbito de la salud pública, se abordan desde ópticas personales que terminan imprimiendo en nuestras leyes soluciones atemporales y lejanas de las realidades y necesidades de los ciudadanos”.
Para el congresista, es necesario que públicamente “tomemos una posición de bancada frente a un tema que si bien es espinoso debe ser respetuoso de las decisiones de nuestras Cortes y acorde a las verdaderas necesidades de nuestra sociedad”.
CONSERVADORES NO PERMITIRÁN CAMBIO DE CONCEPTO DEL MATRIMONIO
El partido Conservador se unirá para evitar que en el Congreso sea aprobado cualquier proyecto que permita la unión marital entre parejas del mismo sexo, anunció el presidente de dicha colectividad, José Darío Salazar, a la vez que anunció que insistirán en que CNE acoja la solicitud que se decida el tema a través de una consulta popular.
El senador aseguró que si el Consejo Nacional Electoral, CNE, no aprueba la petición del partido para que a través de una consulta los colombianos puedan aprobar o no el matrimonio gay, los congresistas se opondrán a la aprobación de cualquier iniciativa que se plantee en ese sentido.
“Si no hay una consulta al pueblo, los representantes del partido Conservador que tenemos el mandato del pueblo, vamos a cerrar filas, por lo menos, en una mayoría muy abrumadora para que el matrimonio entre parejas del mismo sexo no se de”, señaló Salazar.
Por último, Salazar señaló que en la Constitución es clara en definir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, por lo tanto, si se quiere cambiar esta concepción, habría que presentar un proyecto de acto legislativo y no de ley, como los que ya han sido radicados en el Congreso.
Actualmente al Legislativo fueron presentadas dos iniciativas que buscan legalizar la unión entre parejas del mismo sexo, una de ellas radicada por el Polo Democrático, después que la Corte Constitucional le ordenara al Congreso legislar sobre la materia.
Esta orden la dio el alto Tribunal al estudiar una demanda contra la expresión del Código Civil que establece que el matrimonio se da entre un hombre y una mujer. Aunque la Corte no estudió de fondo la demanda, sí dio un límite de tiempo para que se legislara al respecto, so pena de que los notarios pudieran legalizar dichas uniones, si no se regula la materia desde el Congreso de la República.
EN DEFENSA DE LA VIDA
HERNÁN ALEJANDRO OLANO GARCÍA
El Derecho a la Vida es el Primus Ontológico y lógico del Estado y el fundamento objetivo del ordenamiento constitucional, y fue definido por Francisco José Herrera Jaramillo, el Derecho a la Vida como “aquel derecho natural originario y primario -es decir, fundamental- que tiene todo ser humano, desde el momento en que empieza su vida hasta la muerte, a ser y a existir de acuerdo con su dignidad.”
La vida, considerada como realidad biológica o entidad vital, “constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el presupuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible”, como sentenció el Tribunal Constitucional español, en fallo STC53/1985, de 11 de abril y desconoce con la ley aprobada en julio de este año.
En la sentencia SU-111 de 1997, la Corte Colombiana había velado por el respeto de la vida en términos, que ahora muchos -incluido el mismo Tribunal- pretenden desconocer:
“El derecho a la vida protegido por el artículo 11 de la Constitución Política, comprende básicamente la prohibición absoluta dirigida al Estado y a los particulares de disponer de la vida humana y, por consiguiente, supone para éstos el deber positivo de asegurar que el respeto a la vida física sea el presupuesto constitutivo esencial de la comunidad. Esta faceta de la vida, bajo la forma de derecho fundamental, corresponde a un derecho fundamental cuya aplicación no se supedita a la interposición de la ley y puede, por lo tanto, ser amparado a través de la acción de tutela.
La protección de la vida tiene el carácter de valor superior en la Constitución Política. La razón de ser de la comunidad política que forman los colombianos estriba en la necesidad de asegurar colectivamente el disfrute máximo de la vida y la libertad. La garantía constitucional no puede ciertamente satisfacerse con la mera interdicción que recae sobre su eliminación o supresión”.
El Estado como organización política de la sociedad debe asegurar la intangibilidad de la vida y la libertad, estableciendo las bases de orden material y jurídico para que ellas sean posibles y su goce sea general.
Reafirmo mi creencia en el valor absoluto de la vida y en la dignidad de la persona. Sólo un mundo regido por el derecho y que reconozca la vida desde su concepción hasta la muerte natural es plenamente humano. El aborto no es señal de progreso. Esta bandera y la de la eutanasia, han sido siempre, a lo largo de la historia, señal de decadencia y muerte de civilizaciones. Su legalización en otros países, no puede ser argumento valedero para aprobarlo entre nosotros.
ECONOMISTAS Y ABORTO
RAFAEL DE BRIGARD MERCHÁN, PBRO
Cuando los sacerdotes opinamos de economía o de política, nos mandan corriendo para la sacristía. ¿A dónde deberíamos mandar a algunos economistas y profesionales afines cuando opinan sobre natalidad, matrimonio, aborto, bioética, etc.? La forma como muchos de estos profesionales abordan estos temas, de corte claramente humanista y por tanto ético, yo la definiría como de frío pragmatismo. Se les llena el tintero y la boca de palabras como derecho, libertad, modernidad y las aderezan con cifras que al final se traducen en costos y esa monotonía en que trascurre el discurso económico.
Pero a los que han montado el sistema económico y político en que nos movemos hay que confrontarlos con preguntas serias y de alta responsabilidad. Han llevado a toda la sociedad a un estilo de vida en demasiados aspectos absurdo y ahora que las consecuencias están a la vista, en sus facetas más desastrosas, acusan a sus opositores de haber creado el engendro.
Vendieron la idea de no tener hijos y ahora lloran por el desequilibrio en el sistema pensional. Acabaron con la vida matrimonial y predican la exterminación de los niños no nacidos. Enriquecieron hasta el escándalo a los pudientes y se llenan de pavor por la protesta social. En fin, inspiraron un sistema de vida inhumano y ahora quieren escurrir el bulto de su propia responsabilidad.
El tema más grave no es si el aborto se penaliza o no; el tema es por qué la gente tiene deseos de destruir la vida. Lo peor no es la unión de parejas del mismo sexo, sino cuándo se perdió la referencia a un orden natural universal. No es tampoco el tema, como lo dicen tendenciosamente muchos y muchas, imponer un pensamiento religioso a nadie, sino la carencia de un sistema de pensamiento coherente e integral que respete la vida y la dignidad humana. Lo grave no es la corrupción o el asesinato o el delito; lo grave es que se prohibió hablar de ética y se prohíbe practicarla; lo único importante en este mundo diseñado por la gente de las cifras y los indicadores es el dinero y lo demás es ridiculizado.
Va siendo hora de que en las discusiones públicas y también privadas se haga subir al estrado a los verdaderos responsables de la decadencia de nuestra sociedad y en ella del individuo particular que ahora aparece incapaz de ser completamente humano. Esto no se resuelve mirando sólo las columnas de ingresos, egresos y saldo.
A PROPÓSITO DE LA CARTA DEL 91 (XIV)
MONS. LIBARDO RAMÍREZ GÓMEZ*
EN los meses en los que se adelantaba aquel Congreso de Cúcuta se libraban en Venezuela batallas decisivas para su plena liberación de España, como la de Carabobo (24-06-1921), en donde la caballería de Páez y la Legión Británica derrotaban los ejércitos del mariscal Miguel de la Torre. Ese mismo día el general Mariano Montilla, y el coronel José Padilla, culminaban la acción libertadora de Cartagena, que les encomendara Bolívar. El 28 de noviembre del mismo año (1821) se consolidaba la libertad del Istmo de
Panamá como territorio perteneciente al Estado republicano de Colombia.
Consolidada la libertad para la República de Colombia con las victorias en la Nueva Granada y Venezuela, y con la Constitución de Cúcuta, quedaba el propósito de que esa misma libertad se afianzara en todo el continente hispanoamericano. Bolívar, dejando en Bogotá al vicepresidente Santander, personalmente y con apoyo de valientes guerreros como Sucre y Córdoba, emprendió, a finales de 1821, la Campaña del Sur. Al iniciar Bolívar ese avance libertador, acampaba a orillas del río Patía, afianzando allí el reconocimiento de las gentes de su mando y expandiendo su poder hacia el Juanambú. El 07-04-1822 lograba la definitiva victoria en la cruenta batalla de Bomboná sobre las tropas realistas de Basilio García. Pasto consolidaba su plena libertad.
Un mes después (24-05-1822) el mariscal Antonio José de Sucre lograba coronar la altura de Pichincha, logrando gran victoria. Al día siguiente el jefe realista Melchor Aymerich firmaba Capitulación, quedando todo el Ecuador libre y consolidada la libertad total de España de la Gran Colombia, decretada en el Congreso de Angostura tres años antes.
Guayaquil, que había proclamado su independencia absoluta (octubre de 1820), consolidaba su libertad y se anexaba a la Gran Colombia, pues había pertenecido al Virreinato de Lima. Recibió esta ciudad a Bolívar, y allí le llegaba mensaje del general José de San Martín, Libertador de Argentina, quien se había apoderado de Lima (junio de 1821) con ánimo de dar libertad al Perú, y ejercía “Protectorado” en la ciudad. Le proponía San Martín a Bolívar entrevista, la que se logró en esa ciudad el 25 de julio de 1822. Amplia fue en conversación de los dos prohombres, con diferente opinión sobre el estilo de gobiernos en el continente (monárquico o republicano), dejando luego San Martín campo abierto a Bolívar para la liberación total del Perú.
Los patriotas peruanos habían proclamado su plena independencia de España (28-07-1821) poco después de la toma de San Martín, pero el poderío general en el Virreinato de parte de España seguía muy fuerte. Bolívar no se precipitó a enviar sus tropas a combatir al Perú, y fue solamente ante insistencia del Presidente provisional José de la Riva Agüero, y del Congreso patriota, como decidía (agosto de 1823), adelantar las acciones bélicas. Estuvo enfermo en Pativilca, pero su único sueño era “¡Triunfar!”.
Hubo luego decisiva batalla en Junín (06-08-1824), en donde salió derrotado el general español José de Conterac, quien despreciaba “las montoneras colombianas”. Bolívar dejó esos ejércitos al mando del general Antonio José de Sucre, para atender graves asuntos en Bogotá, lo cual alentó al virrey José Laserna quien salió con poderoso ejército a acabar los ejércitos libertadores, pero, en el estratégico sitio de Ayacucho se libró fiera batalla (09-12-1824) por el ánimo indomable de los patriotas bajo el mando de Sucre y voz de mando sorpresiva del joven general José María Córdoba. Con esa tremenda derrota de los realistas, se consolidaba la libertad plena del Perú. (Continuará).
REVISTA SEMANA
LA CÁRCEL EN COLOMBIA, UN MODELO ENTRE LA APERTURA Y EL AISLAMIENTO
Por Franklin Castañeda Villacob
Esta es la tercera entrega de una serie de columnas sobre el sistema carcelario en Colombia y los derechos de las personas privadas de la libertad.
La discusión de la propuesta de reforma al Código Penitenciario y Carcelario que cursa en el Congreso de la República debería ser una oportunidad para mejorar la dramática situación carcelaria que afronta el país. De su futuro dependerán en gran medida los derechos de las personas privadas de la libertad.
En Colombia coexisten dos modelos de cárceles: aquellas construidas antes de 2000, que responden a costumbres y políticas del que llamaremos ‘modelo tradicional’, y aquellas que se inauguraron después de ese año bajo los preceptos de la llamada ‘Nueva Cultura Penitenciaria’.
La ‘nueva cultura’ tiene su origen en dos acuerdos anexos al Plan Colombia que facilitaron la intervención directa del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, que estuvo en Colombia hasta 2004 y asesoró el diseño, construcción, funcionamiento y reglamentación de las nuevas cárceles, y la formación de la guardia.
En las nuevas prisiones, se asumieron políticas orientadas a eliminar la corrupción y el hacinamiento, se introdujeron las ‘modernas técnicas’ traídas desde Estados Unidos y se dejaron de lado algunas de las características propias del ‘modelo tradicional’ que se consideraban raíz de los problemas. Pese a esto, en varios aspectos, el panorama actual de las cárceles puede ser igual o peor al de hace una década, pero con el agravante que se le puso fin a las pocas prácticas que valían la pena preservar de un sistema carcelario arruinado por el desgobierno y la violencia.
Me refiero al menos a tres de ellas. En primer lugar, se garantizaban espacios de libertad individual y desarrollo de la personalidad (por ejemplo, poder entrar y salir de la celda durante el día, vestir ropa propia y elegir cómo tener el cabello). En segundo lugar, la vida social dentro de la prisión le permitía a los internos resistir a la despersonalización y la deshumanización que genera el control total.
Y por último, la apertura al mundo exterior, que se manifestaba mediante la ubicación de las cárceles en los centros urbanos, facilitando el acceso, y de un amplio régimen de visitas, que brindaba al interno la posibilidad real de mantener lazos sólidos con el entorno social exterior y con organizaciones solidarias o de derechos humanos.
Estas características, nunca realzadas en las descripciones de las cárceles colombianas, nos distinguían positivamente en el nivel internacional, sobre todo en comparación con la deshumanización del régimen carcelario estadounidense, que no sobresale por sus logros en materia de derechos humanos.
Al contrario de muchos otros derechos, el acercamiento familiar no era letra muerta. Bien lo demostraba la llegada semanal de miles de familiares y amigos a los dos días de visitas autorizados en las cárceles antiguas. Un domingo, por ejemplo, era común ver mujeres cargadas con comida casera que, después de esperar varias horas y pasar duros controles de seguridad, llegaban al patio a las nueve o diez de la mañana a encontrar su familiar o amigo y a pasar con él todo el día, en el patio o en la celda, comiendo, charlando, jugando, y recogiendo las artesanías producidas en la semana para venderlas y asegurar la subsistencia del detenido detrás de los muros.
Por el contrario, la ‘nueva cultura’, a la que se le da continuidad en el actual proyecto de ley de reforma penitenciaria, va encaminada a imponer el aislamiento, mas allá del encierro, como componente de la pena.
Esta política trajo consigo la ubicación de las cárceles en zonas aisladas y de difícil acceso; la restricción de las visitas y los contactos con el mundo exterior que ahora se realizan cada 15 días, por dos o tres horas; los traslados, tan costosos como absurdos, que ubican a los detenidos lejos de su domicilio familiar y del lugar del juicio; la masificación de la figura del calabozo individual, eufemísticamente llamada Unidad de Tratamiento Especial; y la inmovilización del detenido dentro de la cárcel a partir del control total de su vida en prisión.
La apertura del sistema carcelario representaba una medida efectiva y ejemplar para impedir la desocialización y la destrucción de los lazos familiares como consecuencia del encierro, y garantizaba un cierto grado de integración social al momento del regreso a la vida en libertad -- lo que sin duda es la base de cualquier tipo de modelo de reintegración o resocialización que se quiera llevar a cabo.
En la actual propuesta de reforma, con el argumento de modernizar el sistema, se insiste en estrategias que se vienen aplicando desde hace más de once años y que ahora pretenden ser elevadas a Ley de la República, a pesar de que no han producido los efectos esperados. Con este discurso, hemos retrocedido décadas en materia de derechos de la población reclusa y de sus familiares.Ni qué decir de la resocialización de los internos, ¿o es que se puede resocializar a quien se aleja totalmente de la sociedad?
Es cierto que la cárcel colombiana necesita de reformas estructurales, pero antes debe darse un debate profundo y participativo, sobre lo que debe ser cambiado y lo que debe ser restablecido o respaldado. La apertura de nuestro ‘modelo tradicional’ merece ese respaldo.
EL MIEDO AL PROCURADOR
Por María Jimena Duzán
Si este proyecto es aprobado, no solo las mujeres y las minorías llevarían del bulto. También los científicos serían candidatos a la hoguera.
no lo duden: cuando el próximo martes, en la Comisión Primera del Senado, pase -y con votos de sobra- el polémico acto legislativo presentado por el Partido Conservador que busca, entre otras cosas, reversar el fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en tres casos específicos, el primero en cobrar esa victoria va a ser el procurador Alejandro Ordóñez, autor intelectual de esa criatura.
Basta leer el proyecto para reconocer en él los mismos conceptos esbozados en sus libros, escritos mucho antes de que llegara a la Procuraduría. En ellos no solo se opone a la despenalización del aborto por considerar que las mujeres no tienen derechos -el único derecho que reconoce es el derecho del hombre-, sino a los avances de la ciencia derivados de la manipulación genética. Desde ese podio, donde el derecho y la moral son uno solo, hasta las mujeres que no puedan tener hijos y opten por hacerse una inseminación in vitro serán vistas como transgresoras de la ley. Serían pecadoras, porque estarían desoyendo las voces de Dios en esa materia y subvirtiendo el orden natural de las cosas.
En otras palabras: si este proyecto es aprobado por el Congreso, no solo las mujeres y las minorías llevarían del bulto -para Ordóñez, el concepto de los derechos humanos es un concepto creado por el comunismo internacional en la posguerra-, como bien lo dice en sus libros; también los científicos serían candidatos para ser quemados en la hoguera. Si este proyecto se aprueba, Colombia se devolvería cien años en su historia, la Constitución del 91 que plantea cómo el Estado es independiente de la religión quedaría vuelta añicos; las mujeres quedaríamos reducidas a nuestra función procreadora, se prohibiría el uso de cualquier método de control natal distinto al método de Ogino y habría hombres y mujeres presos por haber utilizado un condón o la píldora del día después. Las enfermedades venéreas y el VIH se propagarían y no tendríamos científicos que nos ayudaran a lidiar con el problema de salud pública, porque estarían encarcelados o se habrían fugado de Colombia para evitar caer tras las rejas, acusados por haber hecho investigación genética.
Uno pensaría que en un gobierno que se dice liberal y que ha dado señales de diferenciarse precisamente en estos temas del gobierno anterior, este proyecto estaría hundiéndose por falta de apoyo. Sin embargo, lo que está sucediendo es todo lo contrario. El proyecto ya cuenta con 11 votos a favor y solo siete en contra. Se sabe que los cuatro senadores conservadores, Hernán Andrade, Roberto Gerlein, Eduardo Enríquez Maya y Manuel Enrique Rozo, votarán a favor. Y que lo mismo harán los dos senadores por el PIN -a la hora de servirle al señor, no importa que los votos sean espurios, porque de todos modos, votos son-. Tres de los cuatro senadores de La U también votarían el proyecto del procurador -Karime Motta, Carlos Enrique Soto y Juan Carlos Vélez. De todos esos, el único que me sorprende es el voto número 11, del senador por el Partido Verde Jorge Londoño. No sé por qué guardaba la estúpida idea de que el Partido Verde tenía algún tinte moderno, pero ni tinte tiene. En su caso, creo que pesa más el temor que le inspira el procurador con su posición de poder -no hay que olvidar que él es quien investiga disciplinariamente a los congresistas, además de que participa como representante de la Nación en todos los procesos de pérdida de investidura que adelante el Consejo de Estado- que su convencimiento por creer que ganamos devolviendo al país a las épocas oscurantistas. Me temo que el de Londoño no es el único caso y que debe haber varios como él dentro de los 11 votos que hay a favor de ese proyecto en la Comisión Primera del Senado.
En la otra orilla, solo quedarían los cuatro senadores liberales, Juan Fernando Cristo, Luis Fernando Velasco, Juan Manuel Galán y José Ignacio García; los senadores del Polo, Luis Carlos Avellaneda y Parmenio Cuéllar, y Roy Barreras, el único senador de La U que ha decidido desoír la voz de Dios, como diría el procurador Ordóñez. A ellos los veo como unos valientes, porque han decidido sostenerse en sus posiciones a sabiendas de que la férula del procurador los puede afectar por no atender a sus designios ni a sus credos: corren el riesgo de ser destituidos.
CMI
EXPRESIDENTE CÉSAR GAVIRIA CRÍTICA NUEVAMENTE A GOBIERNO DE ÁLVARO URIBE
El expresidente de la República, César Gaviria Trujillo elogió la política de tierras y de protección a las víctimas del gobierno de Juan Manuel Santos.
Durante el encuentro de la Corte Constitucional que se realiza en la Universidad Externado de Colombia, Gaviria Trujillo señaló que en buena hora se está actuando para evitar que los campesinos sigan siendo víctimas del despojo de tierras y se está luchando contra la corrupción.
César Gaviria Trujillo también volvió a criticar al gobierno del expresidente Álvaro Uribe, y dijo que fue ilegal buscar excusas para someter a magistrados de Altas Cortes a seguimientos.
PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS HACE UN LLAMADO A LA UNIDAD NACIONAL POR LA PAZ
El presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado a todos los poderes del Estado para crear una estrategia que permita alcanzar la paz en Colombia, mediante el esclarecimiento de la verdad y la reparación a las víctimas.
Durante el encuentro de la Corte Constitucional, Santos señaló que los efectos negativos que han dejado décadas de conflicto armado no se solucionan con la puesta en marcha de una simple política criminal.
“Necesitamos un marco jurídico para poder cerrar los capítulos del conflicto armado interno. No podemos tratar los efectos de ese conflicto como un problema de política criminal porque no tendremos una verdadera justicia para las víctimas ni mucho menos esclarecimiento de la verdad”, aseguró el Jefe de Estado.
Por otra parte, Juan Manuel Santos hizo un llamado de atención sobre los fallos de pensiones que los jueces vienen reconociendo por vía de tutela a funcionarios de la rama judicial, las cuales pueden costarle al país más de 12 billones de pesos.
“Quisiera llamar la atención sobre la bomba de tiempo que se cierne sobre las arcas de la Nación por causa de las interpretaciones cambiantes que vienen haciendo otras Altas Corte sobre el tema de pensiones. Esas divergencias pueden llegar a costarle al país unos 12 billones de pesos y hasta 57 billones de pesos a lo largo de los próximos 20 años”, explicó Santos.
Frente a este tema, el presidente de la Corte Constitucional Juan Carlos Henao, aseguró que ese Tribunal ya está estudiando el problema para pronunciarse de fondo en una sentencia de unificación de jurisprudencia.